Cada vez queda más claro que la mayoría fujiaprista en el Congreso seguirá bloqueando la lucha contra la corrupción, así como cualquier intento de reforma política. Su actuación no hace sino acrecentar el descrédito de dicho poder del Estado (que alcanza ya un récord histórico de desaprobación) y ahondar la crisis de la democracia representativa, deslegitimada tras los casos de corrupción de Odebrecht y los “Cuellos blancos del puerto”.  

Durante la segunda mitad del 2018, el gobierno optó por la reforma constitucional, supo ganarle la partida al fujiaprismo y convocó a un referéndum en la cual se aprobó eliminar la reelección inmediata de congresistas, regular el financiamiento de partidos y reemplazar el CNM por la Junta Nacional de Justicia. Quedo fuera la bicameralidad, luego de que Vizcarra, previendo la impopularidad de la medida, le quitara su apoyo.

Los proyectos de reforma política de la Comisión Tuesta han abierto un nuevo ciclo de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, donde Vizcarra aparece a la cabeza de una concertación demoliberal frente a la alianza apro-fujimorista, que expresa una concertación autoritaria y conservadora.

En este escenario, y habiendo jugado ya la carta del referéndum, el gobierno se encuentra en un dilema: o sigue insistiendo en lograr dichos cambios con el actual Congreso u opta por disolverlo al amparo del artículo 134 de la Constitución y convocar a elecciones para una nueva composición parlamentaria. Vizcarra opta, una vez más, por el diálogo con Fuerza Popular y el partido aprista, añorando quizás las buenas relaciones que tuvo con ambos grupos al inicio de su mandato y sabiendo que la reforma política tiene sus límites de cara a la ciudadanía si es que no se abordan cuestiones de política económica y social. Tampoco debe perderse de vista que, al margen de los conflictos políticos, el Ejecutivo y Fuerza Popular comparten una orientación de derechas, pro-empresarial, de allí que discrepen en algunas cosas, pero coincidan y concerten en otras. Por su parte, tanto sus aliados liberales como un sector de la ciudadanía le reclaman que se deje de gestos (mensajes a la nación y visitas al parlamento) y pase a la acción: que plantee la cuestión de confianza para, de ser el caso, disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. Las bancadas de izquierda, que quieren “sintonizar” con la indignación ciudadana, se suman a ese reclamo.

Sin embargo, esta medida, al estar enmarcada dentro de la actual Constitución, no será suficiente para llevar a cabo la reforma política. Las elecciones para el nuevo Congreso deberán convocarse dentro de los cuatro meses siguientes de disuelto el actual parlamento y se realizarán bajo el sistema electoral vigente, con los partidos inscritos a la fecha. Un nuevo Congreso elegido con las mismas reglas, que tendrá tres, o a lo mucho cuatro, meses (un año antes de las elecciones generales del 2021) para aprobar la reforma electoral.

La única salida coherente sería convocar a una asamblea constituyente. Sin embargo, ni Vizcarra va a convocarla ni sus aliados centro-derechistas van a plantearla por dos razones: 1) para ellos el objetivo es reformar este régimen político para devolverle legitimidad, de modo que sea funcional al modelo de desarrollo económico – descartan, por ello, cualquier salida que pueda poner en cuestión el régimen neoliberal-, 2) saben que ni la asamblea constituyente ni la nueva constitución no son una demanda popular mayoritaria, y que no van más allá de algunos sectores minoritarios.

En este escenario, en donde algunos quieren reeditar un “pacto democrático” de esencia neoliberal, la única salida posible es una salida constituyente, de ruptura, sostenida en la movilización social, que nos lleve a realizar cambios de fondo no solo en el régimen político sino también en el modelo económico y la política social que, con algunos matices, se mantienen desde los ’90.

No se avizora ninguna salida a corto plazo al actual escenario abierto por los escándalos de corrupción y el descrédito parlamentario, sin embargo, si queremos lograr transformaciones profundas, y no cambios superficiales que terminen defraudando una vez más nuestros anhelos de democracia y justicia social, debemos ir asumiendo los grandes retos de disputar sentidos comunes frente a la antipolítica y la indiferencia generalizadas, reconstruir el tejido social e impulsar la movilización popular.