Daniel Siguas Hernández (*)

Con apenas 37 votos a favor, principalmente de Fuerza Popular, Somos Perú y el Partido Morado, el gabinete presidido por Pedro Cateriano finalmente no obtuvo el voto de confianza del congreso. En los próximos días, deberá producirse su salida y el nombramiento de un nuevo equipo ministerial. Sin embargo, la decisión de Vizcarra de optar, en su último año de gobierno, por una gestión mucho más alineada con los intereses del gran empresariado nacional agremiado en la CONFIEP y, sobre todo, con los capitales transnacionales –que andan detrás de las inversiones mineras y del conjunto del sector extractivo- nos hace ver que el nuevo gabinete que se forme no va a ser sustancialmente distinto, más allá de algunos matices y diferencias de estilo. 

Si bien ya algunos analistas políticos, que fungen de “independientes”, vienen construyendo relatos urbanos en los que la negativa del voto de confianza sería parte de un plan orquestado por diferentes bancadas para forzar la salida de Martín Vizcarra y colocar al actual presidente del congreso, el acciopopulista Manuel Merino, en el sillón presidencial, un factor clave en el resultado de la votación ha sido el rechazo de la mayor parte de la población a la orientación asumida por el gobierno en el contexto de la pandemia, priorizando la llamada reactivación de la actividad económica – que, en la lógica neoliberal, se centra en las inversiones de los grandes capitales- por sobre la protección de la salud y los derechos de las personas.

El gabinete Cateriano era expresión de esa línea proempresarial, y así lo evidenció en su mensaje de ayer ante el congreso, con un discurso que repite aquello de que “el Perú es un país minero desde el periodo prehispánico” y que “la minería es la columna vertebral de la economía del Perú”, que pone énfasis en el favorecimiento de las inversiones, pero no dice nada sobre la protección de los derechos laborales de la clase trabajadora ni los derechos territoriales de los pueblos originarios y campesinos. Todo ello, en un contexto tan duro como el que vivimos a consecuencia de la pandemia de la Covid-19, donde las recetas neoliberales aplicadas desde hace 30 años han venido precarizando la salud pública, el empleo, la protección social y las condiciones de vida de la población trabajadora.

Los votos de las bancadas del Frente Amplio, el Frepap y el etnocacerismo (en UPP) representan la oposición política a esa orientación extremadamente proempresarial. En el caso de las demás bancadas que votaron en contra o se abstuvieron (Podemos, Acción Popular y APP), primó más bien el cálculo político de cara a las elecciones generales del 2021, en especial, tratándose de bancadas con fuerte presencia en regiones donde la desaprobación del gobierno viene en ascenso. Como ya han señalado algunas personas, quizás a Vizcarra le hubiese ido mejor con alguien que, a diferencia de Cateriano, ensayase un discurso menos soberbio y no tan marcadamente prominero, como el de quienes lo antecedieron en el premiarato.

Otro factor que parece haber incidido en la negativa al voto de confianza a Cateriano son las pugnas generadas por la regulación estatal de la educación universitaria. Por un lado, un sector de la derecha, en el gobierno, defiende un marco legal que asegure la viabilidad del mercado educativo (mientras las universidades públicas son dejadas a su suerte, sin el debido financiamiento); por el otro, algunos congresistas y políticos con intereses mercantiles concretos, al ser dueños o accionistas de universidades privadas, se oponen a dicha regulación.

El acuerdo para interpelar al Ministro de Educación, quien fue superintendente de la SUNEDU antes de asumir dicha cartera, y las propuestas legislativas en dirección contraria a la reforma universitaria muestran que los intentos de un sector de empresarios de la educación por defender sus negocios no han cesado. Pero seamos claros: la creación de la SUNEDU y el conjunto de la reforma universitaria no eliminan el negocio educativo, así como tampoco favorecen el fortalecimiento presupuestal y democratización en el gobierno de las universidades públicas. La educación universitaria sigue siendo una mercancía, sólo que ahora se imponen estándares de calidad a dicho servicio; algunos empresarios pierden, pero otros ganan.

Con todo esto, y a pesar del entusiasmo de la izquierda parlamentaria, el Congreso de la República aparece como un órgano fragmentado, sometido a los cálculos electorales de individuos y agrupaciones que están entrando ya a la disputa por la presidencia y que, dentro de pocos peses, montarán campañas electorales millonarias de dudoso financiamiento.

De este modo, y aun cuando las disputas entre el gobierno y algunas de las fuerzas políticas con presencia en el Legislativo -disputas que tienen motivaciones y connotaciones diversas conforme pasan los meses- pueden permitir obtener algunas medidas específicas que beneficien en lo inmediato a los sectores populares, y bloquear otras que les son perjudiciales, no son los derechos e intereses de las clases trabajadoras y populares lo que está en el centro de dicho conflicto ni es lo que prima en la actuación de cada poder del Estado.

Mientras la carrera hacia el 2021 ya empezó, los instrumentos políticos que sean expresión y proyección programática de las reivindicaciones y necesidades populares están aún por construirse. Los diferentes partidos de izquierda han decidido entrar de lleno al juego pragmático de las negociaciones cupulares y las alianzas meramente electorales; bien dicen que las mesas con mayor equilibrio son las que tienen más de una pata.

(*) Militante de la Corriente Amaru.