Hace una semana, el Congreso aprobó crear una cuarta legislatura ordinaria, que iría desde el 13 de junio hasta el 16 de julio (1). ¿El objetivo? Poder aprobar algunos proyectos de reforma constitucional, como el referido al uso de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo (2).

Pues bien, mañana martes sesionará el Pleno del Congreso, en su tercera legislatura, y entre los dictámenes que son parte del orden del día se encuentra el dictamen de la Comisión de Constitución recaído en el Proyecto de Ley Nº 7624/2020 (presentado por APP y respaldado por Acción Popular y Podemos), el cual plantea modificar los artículos 130, 132, 133 y 134 de la Constitución.

Aprobado este proyecto por los 2/3 de los congresistas, solo restaría que se apruebe en la cuarta legislatura para que sea Ley.

Pero, ¿Qué dice el proyecto?

Se habla de “fortalecer las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo”, pero no define los supuestos o criterios para la vacancia presidencial por “permanente incapacidad moral”.

Más bien, según el dictamen, busca que el Congreso pueda “desarrollar sus funciones legislativas sin imposiciones ni amenazas por parte del Ejecutivo”, y con respecto a este último, “se reducen las posibilidades de someter al Congreso a sus exigencias sobre la aprobación de iniciativas legislativas, y de amenazarlo de disolverlo”.

En ese sentido, el proyecto contiene las siguientes medidas:

• Establecer que la cuestión de confianza no puede plantearse respecto de “procedimientos y funciones de competencia exclusiva del Congreso de la República”. ¿Se busca que el Ejecutivo no pueda plantear cuestión de confianza por la reforma de la Constitución?

• Establecer que el rechazo de la cuestión de confianza solo se produce si el Congreso la vota según el procedimiento establecido en su Reglamento. ¿Y si el Congreso no vota formalmente la cuestión de confianza, pero la rechaza de facto? Recordemos que cuando Vizcarra planteó una cuestión de confianza relacionada con la elección de los magistrados del TC, el Congreso no la rechazó formalmente, sino que continuó con la elección de los candidatos.

• Limitar la facultad que tiene el Presidente para disolver el Congreso.

Esta nueva “leguleyada” de las derechas en el Congreso apunta claramente al nuevo gobierno de Pedro Castillo, quien ha anunciado un conjunto de reformas de carácter antineoliberal, y cuyo eje está en la convocatoria a un referéndum nacional para instalar una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución. Derrotada en las elecciones, las derechas se preparan para resistir desde el parlamento.

(1) Inicialmente, la tercera legislatura ordinaria iniciaba el 1 de febrero de 2021 y terminaba el 16 de julio de este mismo año. Con la creación de la cuarta legislatura, el tercer periodo terminará el 12 de junio.

(2) El Art. 206 de la Constitución establece que las reformas constitucionales pueden aprobarse en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los 2/3 del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el Presidente de la República.