La principal propuesta de Pedro Castillo (PC) y de Perú Libre en la campaña electoral fue convocar a una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución. Inclusive, en el ya moderado “Plan Bicentenario” que se presentó para la segunda vuelta, PC se comprometió a "iniciar el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente". Lastimosamente, una vez en el gobierno, desde el premiarato de Guido Bellido, no se impulsó el tema; por el contrario, Mirtha Vásquez, primero, y Aníbal Torres, después, en su esfuerzo por tranquilizar a la derecha y a los grupos de poder, dijeron que no era el momento de una Asamblea Constituyente. 

Sin embargo, el pasado 25 de abril, el Poder Ejecutivo envió a la presidenta del Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional para que se convoque a una Asamblea Constituyente, con tres aspectos importantes en su composición: la paridad de género; el 30% de “independientes” (lo cual abre una vía para la participación directa de organizaciones sociales, sin mediación de los partidos políticos nacionales); y, el 26% de representantes de pueblos indígenas y el 4% de representantes de pueblos afroperuanos.

Pareciera entonces que PC retoma su principal bandera de campaña, reconectándose así con los sectores populares que votaron por él y que hoy se movilizan exigiéndole que cumpla sus promesas. Además, con este proyecto el gobierno recupera cierta iniciativa frente a una oposición de derecha que no logra cuajar una estrategia en contra suya.

Ahora bien, el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo deberá aprobarse de acuerdo al artículo 206 de la Constitución vigente, es decir, por al menos 66 congresistas y ratificada en referéndum, o en dos legislaturas por al menos 87 congresistas. Planteadas de ese modo las cosas, es probable que el proyecto de ley no pase de la Comisión de Constitución y no llegue siquiera a debatirse en el pleno del Congreso, donde tampoco se tienen los votos necesarios para su aprobación.

De este modo, al plantear una reforma constitucional por vía parlamentaria, el gobierno termina dejando el tema en manos de la mayoría opositora del Congreso. Esto contradice lo que el propio Aníbal Torres escribiera en mayo del 2021, cuando era uno de los voceros de la campaña presidencial de PC, defendiendo la posibilidad de un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente, sin que esta esté regulada en la Constitución.

Queda claro entonces que la propuesta del Ejecutivo responde, no a un reencauzamiento a la opción de cambio, sino más bien a su permeabilidad ante las exigencias y presiones populares. El viraje a la derecha se mantiene, así lo demuestra el manejo gubernamental del reciente conflicto en Cotabambas – Apurímac, declarando el estado de emergencia y disponiendo una brutal represión policial que viene dejando decenas de heridos, muchos de hechos de gravedad.

Sin embargo, aun cuando la iniciativa del Ejecutivo no sea coherente con lo dicho en campaña y PC no esté dispuesto a impulsar de manera consecuente el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente, el hecho que haya presentado una iniciativa legislativa en ese sentido, coloca nuevamente el tema en agenda. Basta ver los titulares de la prensa concentrada, las declaraciones de los opositores de derecha y las apasionadas intervenciones de “opinólogos”, ubicados todos en la misma orilla, para saber que la campaña contra la Asamblea Constituyente y contra la sola posibilidad de que sea el pueblo quien lo decida en un referéndum, se tornará cada vez más intensa. La derecha retomará con fuerza sus planes para sacar a Castillo, ya sea intentando alcanzar los votos suficientes para la vacancia, o insistiendo en un adelanto de elecciones.

Lo cierto es que el proceso constituyente ya está en marcha y frente a él, los frentes de defensa, partidos y movimientos de izquierda anti-neoliberal, organizaciones sindicales, colectivas feministas, etc. debemos movilizar nuestras fuerzas en una amplia campaña de concientización y organización a favor de una nueva Constitución que a su vez defina el marco jurídico para una nueva gestión del Estado y de la economía, garantizando nuestra soberanía, nuestros derechos y los de la naturaleza; una campaña por la Asamblea Constituyente, defendiendo su carácter popular, paritario y plurinacional.

Estamos ante un nuevo episodio cuyo desenlace irá más allá de los vaivenes oficialistas y de lo que termine decidiendo el Congreso; dependerá en última instancia de la capacidad movilizadora de los sectores populares. Una vez más, las calles serán el escenario definitorio de la lucha política.